Las claves del 'caso Xerez'
Bernardo Ruiz
El ascenso administrativo del Real Betis a Primera es una
posibilidad remota. Tras la denuncia formulada por el letrado Juan
Carlos Porras vía notario ante el Consejo Superior de Deportes (CSD),
el Xerez, que según la demanda había simulado una ampliación de capital
en 2002, entregará en la LFP los documentos que acreditan validez a la
gestión.
El Xerez ejecutó una ampliación de capital en 2002,
una maniobra alegal que no completó en la sede del Registro Mercantil
en Madrid, aunque la falta, considerada grave, no significará a priori
su descenso a Segunda. La entidad, dirigida en la temporada 2001-02 por
Luis Oliver, anunció la operación en el Boletín Oficial del Registro,
aunque no validó el desembolso dinerario porque las acciones se habían
sometido a un proceso de venta, una gestión permitida por el CSD hasta
que expira la prórroga concedida en cada caso.
1 AMPLIACIÓN.
El
25 de julio de 2002, el Xerez celebró una asamblea general
extraordinaria para anunciar a los socios compromisarios la ampliación
de capital que iba a suponer un desembolso dinerario de 7 millones de
euros. El presidente del club de Chapín en aquella fecha, José María
Gil Silgado, -él asumió las funciones de mandatario el 30 de abril-,
comunicó que la operación había sido inscrita en el Boletín Oficial del
Registro Mercantil. Empero, aclaró que no iba a ser validada en el
propio Registro a causa del proceso de venta en el que se había sumido
la entidad.
2 LA VENTA.
La decisión, considerada como
falta grave y piedra angular de la versión del Betis y el letrado Juan
Carlos Porras, exoneró al Xerez de responsabilidad ante el Consejo
Superior de Deportes, ya que el CSD dictamina o no validez a la
ampliación siempre que haya constituido un consejo de administración
definitivo. El único antecedente data de 2003, año en el que el Córdoba
no pudo proceder a un aumento de bienes por el vacío de poder.
3 SIN VALIDEZ.
Así,
el CSD no validó la ampliación, pues el Xerez no envió los avales
requeridos en el plazo de seis meses, una acción que supuso una falta
grave por defecto de forma. Es decir, el club azulino completó la
operación, aunque no envió al Consejo Superior de Deportes la
documentación solicitada para conceder plena validez a la gestión. Así,
el organismo no recibió la información necesaria y archivó el
procedimiento, que, según los servicios jurídicos del staff azul, se
reconstituyó en 2008.
4 REACTIVACIÓN.
Ante la
posibilidad de ascender a Primera División, los rectores jerezanos
deciden iniciar una ampliación de capital por conversión de créditos en
acciones -los gestores de la entidad ya habían liberado el dinero en
2002 y en 2008 se limitaron a convertir los 7 millones en pagarés, que,
en función de los estatutos de la LFP, asumieran el papel de un
desembolso pleno-.
5 EL CSD, SIN RESPUESTA.
El Xerez
envió los nuevos avales para validar la ampliación en el mes de abril
de 2009. Según los estatutos de la Ley de Sociedades Anónimas, el CSD
sopesará su decisión definitiva sobre la operación en un plazo máximo
de seis meses, período que expirará en octubre. Si el veredicto final
del organismo jurídico es negativo, el club que ahora preside Joaquín
Morales deberá desembolsar el dinero en efectivo.
Así, las
gestiones del Real Betis por aclarar el tema podrían dilatarse hasta
entonces. En el caso de que el CSD detecte irregularidades
independientes de las cometidas en 2002, el club implicado podría
abonar una multa económica y su futuro deportivo dependería
exclusivamente de la Liga de Fútbol Profesional. Precisamente, el
consejo verdiblanco basará sus argumentos en el tema deportivo, ya que
si el proceso fue efectuado por fondos de créditos y no con dinero en
efectivo, la LFP podría decidir que la Primera estuviese configurada
por 21 clubes.
6 ARCHIVO.
Sin embargo, el principal
obstáculo que podrían asumir los servicios jurídicos del Betis es que,
según los estatutos vigentes en el CSD, las denuncias o demandas
formuladas por acciones ilegales de clubes deportivos deben ser
suscritas por entidades interesadas o implicadas en el supuesto.
Así,
la demanda del letrado Juan Carlos Porras, que envió una alegación de
un folio y que actuó a instancias de un cliente independiente, no sería
finalmente admitida a trámite. Así, para que los miembros del CSD crean
oportuno estudiar el caso, la estimación debería ser tramitada por
Alavés, Xerez o el propio Real Betis, clubes implicados y cuya
actuación sería a instancia de parte.
Con ese marco legal, los
servicios jurídicos verdiblancos deberían presentar sus documentos en
el caso como acusación particular o, en su defecto, asumir que el CSD
archive el caso. Otra de las opciones para que el conjunto de Antonio
Tapia regrese a Primera es que el Consejo, ante la gravedad de las
irregularidades cometidas por Silgado, actúe de oficio.
Aunque
en España no existe ningún antecedente según los parámetros del caso
Xerez, el CSD sí concedió una prórroga al Recre en 2004, año en el que
a la entidad andaluza se le condonó una deuda adquirida con la
Seguridad Social y la Junta para que pudiese asumir la ampliación de
capital con un desembolso dinerario. Si se repitiese el veredicto, en
Jerez podrían pagar los 7 millones con los ingresos por derechos
televisivos, la única fuente de ganancias fija hasta la fecha en Chapín.
7 LA LFP PIDE CALMA.
El
vicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas,
notificó al máximo accionista del Xerez, Joaquín Morales, que, según
los papeles que obran en poder de su organismo, la ilegalidad no es
constitutiva de ser una falta con sanción en términos deportivos.
Además, el asesor jurídico de la entidad jerezana, Antonio Millán,
recibió un dossier explicativo del jefe de los servicios judiciales de
la LFP, Miguel María García Caba, para que los rectores implicados
iniciasen las gestiones a completar en los próximos días.
Mientras,
el Real Betis envió ayer a la LFP, a través del consejero y abogado
Manuel Castaño, los documentos necesarios para reclamar sus derechos si
el denunciado no cumpliese con el capital mínimo exigido. La misiva,
enviada al secretario general de la Liga, Carlos del Campo Colás, será
estudiada por el organismo que preside José Luis Astiazarán junto a las
alegaciones emitidas por el Alavés, descendido a Segunda B.
8 ¿POR QUÉ EL BETIS?
Un
aspecto que ha adquirido relevancia en las últimas horas ha sido la
identidad del hipotético beneficiario de la vacante que se originaría
en Primera si el once de Ziganda fuese sancionado. La irregularidad de
los rectores xerecistas data de la campaña 2001-02, en la que el
descendido fue el clasificado en la posición número 19 de Segunda
División, el Levante.
Los estatutos de la LFP dictaminan que
el conjunto valenciano debería regresar a Segunda en el caso de que
finalmente el cuadro andaluz fuese castigado con bajar. Sin embargo, el
club del Ciudad de Valencia actualmente milita en la categoría de plata
y no es necesaria su readmisión, una decisión que origina que el
beneficiario sea el equipo descendido a Segunda con mayor puntuación,
el Betis.
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